La economía compasiva contra el Estado de bienestar
Albert Recio Andreu – Consejo Científico de ATTAC España
En tiempos de recortes y alzas de impuestos y tasas públicas, renace la economía compasiva. Entiendo por tal la introducción de descuentos o tarificación de cuotas en función de la renta personal. Es el tipo de respuesta que adoptan las administraciones cada vez que anuncian una nueva tasa, como está ocurriendo en Catalunya con la tasa por receta, la contribución a los servicios de dependencia, etc. Con ello, las autoridades tratan de frenar el rechazo social y de dividir a la población. A menudo permite su aceptación en el convencimiento social de que es justo que más pague quien más lo puede hacer. Mi punto de vista, en cambio, es negativo, pues esta forma de plantear la cuestión es la vía más directa para demoler cualquier proyecto de Estado del bienestar basado en una contribución universal progresiva a su financiación y en una prestación universal.
De entrada, los partidarios de tarificar por renta el acceso a las prestaciones soslayan algunas cuestiones elementales. La primera es que el modelo exige la introducción de un mecanismo evaluador de las rentas de cada cual, con lo que propende a incrementar los costes administrativos del proceso, lo cual contradice una política de austeridad. La segunda es que la tarificación se basa en fijar cuotas entre intervalos de renta fijados a menudo de forma aleatoria (o buscando minimizar el impacto de los descuentos), lo que genera importantes discriminaciones entre personas en situaciones económicas muy próximas. Imaginemos, por ejemplo, que se exime de pagar cuota de recetas a los perceptores de rentas inferiores al salario mínimo, pero no al resto. La diferencia de coste es muy fuerte entre alguien que percibe 639 euros y alguien que gana 650, pese a que su situación es muy similar.
Los problemas más importantes se encuentran, sin embargo, en otras partes. Por un lado, en países con un elevado nivel de rentas no declaradas, algo que no es aleatorio sino que tiene que ver con la posición laboral y el origen de las rentas de cada cual, las posibilidades de situarse en los niveles bajos de tarifa dependen tanto de la renta que gana cada cual como de su posibilidad de hurtarla al fisco. Se genera un enorme problema de equidad horizontal, entre personas con iguales niveles de ingresos, puesto que los que declaran todas sus rentas tienen mayores posibilidades de tener que pagar tarifas mayores que los que consiguen sustraerlas. Se genera un enorme incentivo a la rebelión fiscal y se favorece el empleo irregular. Algo especialmente posible en nuestra situación, en que las empresas pueden ofrecer contratos a tiempo parcial con horas extra “en negro”, en que muchas personas pueden buscarse un empleo informal para eludir la persecución bancaria por impago de hipotecas y en que ya hay tanta tradición y tolerancia en lo relativo a la evasión fiscal. Se corre el riesgo no solo de reforzar la injusticia, sino también de erosionar la base de recaudación. Y contar además que el agravio de los que no pueden esconder rentas constituye un elemento adicional en favor de rebajas fiscales. La economía compasiva es una vía directa a la insolidaridad y la demolición de los servicios públicos.
Si lo que se pretende es que exista una progresividad en la financiación del bienestar, la vía más adecuada es la de una imposición progresiva sobre la renta, que haga pagar proporcionalmente más a quien más gana. Y que exige una buena información sobre las rentas y una dura represión sobre las rentas no declaradas. Y un acceso universal a los servicios públicos.
Es incluso dudosa la fórmula de eximir del pago a los desempleados, a los jubilados o a cualquier otro colectivo. Sobre todo porque se trata de grupos muy heterogéneos en cuanto a renta y porque se trata a todo el mundo por igual. Salvo en casos muy específicos, lo que debe hacerse con estos grupos es garantías adecuadas de renta sometidas al modelo impositivo común (lo que en muchos casos conllevará que los jubilados o los parados con menores ingresos no contribuirán y se les garantizarán unos ingresos suficientes).
La economía compasiva es una vía más para legitimar la demolición del Estado de bienestar, y lejos de propiciar la protección de los más necesitados acaba por erosionar los ingresos públicos y por convertir los servicios públicos en guetos para pobres. Forma parte del disfraz con el que se tratan de legitimar los planes de ajuste neoliberales.
Artículo publicado en Mientras tanto electrónico.
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